El colectivo hacktivista italiano Autistico/Inventati cierra tras ser designado como organización terrorista
Autistici/Inventati (A/I) es un colectivo hacktivista italiano nacido en 2001 para ofrecer infraestructura digital autónoma y segura frente a la comercialización de internet y la vigilancia estatal.
Surgido de la confluencia entre la cultura hacker, el software libre y el activismo de los centros sociales, el grupo se consolidó como un pilar de la privacidad digital global tras destapar en 2005 que la policía italiana había instalado un sniffer en sus servidores para espiar a sus usuarios, lo que impulsó una profunda renovación en sus protocolos de cifrado e independencia técnica.
A/I opera bajo una estructura horizontal y asamblearia que rechaza cualquier forma de monetización, publicidad o recolección de datos personales. Se financia exclusivamente mediante donaciones comunitarias y el trabajo voluntario de sus miembros, garantizando la gratuidad de sus plataformas sin recurrir al modelo de negocio de las grandes corporaciones tecnológicas.
Su ideario político defiende la soberanía tecnológica, el anticapitalismo y la privacidad como un derecho fundamental indispensable para la libre organización social.
Tras este cuarto de siglo, los servicios gratuitos de Autistici/Inventati habían crecido hasta albergar unas 16.000 direcciones de correo electrónico, 1.500 sitios web, 5.500 listas de correo y una red de unos 10.000 blogs, todo ello con el compromiso de proteger los datos de sus usuarios.
Sin embargo, tras 25 años de trayectoria, el grupo se ha visto obligado a cerrar sus puertas. La decisión ha llegado después de que el pasado 26 de agosto el Departamento de Estado de EE.UU. lo calificara como un «grupo extremista» que opera infraestructura para «militantes de extrema izquierda en todo el mundo».
El organismo anunció que cualquiera que tuviera relaciones financieras con el colectivo corría el riesgo de ser objeto de sanciones. Y esto lo habría dejado completamente sin recursos ni apoyos logísticos.
«El grupo de hackers radicales y desarrolladores tecnológicos de A/I proporciona una gama completa de servicios –que incluyen chats y correo electrónico cifrados, alojamiento web, videoconferencias y retransmisiones seguras, protección del anonimato y un conjunto de otras herramientas tecnológicas– a grupos marxistas, anarquistas y otros grupos extremistas de izquierda en EE.UU., Europa y otros lugares», señalaba la agencia.
Desde el Departamento de Estado aseguraron que su infraestructura digital permitía amparar a grupos de izquierda que planeaban ataques violentos, citando incidentes de sabotaje contra sistemas ferroviarios y energéticos en Europa, atentados con bomba contra centros de ayuda a mujeres embarazadas en crisis en EE.UU. y protestas contra el Centro de Capacitación de Seguridad Pública de Atlanta, conocido entre los activistas como «Cop City».
En un principio, A/I afirmó que EE.UU. los había designado como terroristas de manera injusta. Señalaron que querían eliminarlos con un «decreto unilateral y arbitrario».
Sin embargo, su defensa no sirvió de mucho. Esa etiqueta de organización terrorista les pesó como una losa y tuvo un efecto prácticamente inmediato. El Public Interest Registry, con sede en EE.UU., suspendió el dominio del grupo el 28 de agosto. Ese mismo día, el banco italiano del colectivo, Banca Etica, también canceló su cuenta debido a los riesgos de sanciones, al tiempo que declaró que «condena enérgicamente el uso de las listas de la OFAC con fines políticos».
Antes de su clausura total, A/I ha indicado a los usuarios cómo hacer copias de seguridad del contenido de blogs, buzones de correo y sitios web.
«La posibilidad de que nuestro trabajo pueda acarrear consecuencias legales y financieras a nuestros allegados –o incluso a personas que tengan alguna relación con nosotros– no nos deja otra opción», han explicado. «En estas circunstancias, ya no podemos mantener nuestra misión original: ofrecer herramientas digitales seguras y sin ánimo de lucro», han concluido.
Un «precedente peligroso»
La European Digital Rights (EDRi) ha salido en defensa del colectivo y ha criticado la decisión. Sostiene que calificar la provisión de redes de comunicación neutras y de uso general como apoyo al terrorismo vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, y sienta «un precedente peligroso«, empujando a la sociedad civil a depender exclusivamente de las Big Tech y sus sistemas de vigilancia.
«El simple hecho de que EE.UU. decida que alguien es terrorista –sin ningún procedimiento judicial, sin nada contra lo que se pueda oponer legalmente–, es decir, una simple decisión del Departamento de Estado, hace que toda la estructura de gobernanza de internet se desmorone», ha comentado. «Creo que eso plantea muchas preguntas».
Según la red europea, esta injerencia ejecutiva de un país tercero pasa por encima del Estado de derecho de la Unión Europea y socava marcos legales como la Ley de Servicios Digitales (DSA), al castigar arbitrariamente a una entidad no lucrativa constituida y regulada bajo la legislación italiana.
Ante esta situación, insta al Gobierno estadounidense a retirar la orden y pide a las instituciones financieras e intermediarios de la UE que no acaten resoluciones extranjeras sin validez legal en territorio europeo. Asimismo, hace un llamamiento a la Unión Europea y al Gobierno de Italia para que utilicen mecanismos de protección como el Estatuto de Bloqueo (Reglamento CE 2271/96) para defender a las organizaciones sin ánimo de lucro y blindar la infraestructura cívica y no comercial del continente frente a presiones internacionales.
