Un hacker quinceañero, detenido por filtrar datos del Gobierno francés
La precocidad en el mundo del cibercrimen es una tendencia creciente. Muchos de los hackers de sombrero negro que se dedican a hacerse con los datos de grandes empresas e instituciones y extorsionarlas son insultantemente jóvenes, como confirman muchas de las detenciones que están llevando a cabo últimamente las fuerzas del orden. Pero la última anunciada por Francia se lleva la palma.
Las autoridades galas han anunciado el arresto el pasado 25 de abril de un joven de 15 años sospechoso de estar implicado en una filtración de datos relativa a France Titres (o ANTS), la agencia gubernamental responsable de la emisión de documentos oficiales.
Según recoge un comunicado de la Fiscalía de París, la OFAC (Oficina Contra la Ciberdelincuencia) fue informada el mes pasado de un ciberataque contra la mencionada agencia.
Días atrás se había encontrado un anuncio en la dark web donde un actor de amenazas apodado ‘breach3d’ aseguraba tener en su poder entre 12 y 18 millones de registros, los cuales ofrecía a la venta.
El atacante se jactó de haber obtenido identificadores de inicio de sesión, nombres y apellidos, correos electrónicos, fechas de nacimiento, identificadores únicos de cuenta, direcciones postales (en algunos casos), lugares de nacimiento, números de teléfono, metadatos e incluso referencias a sexo y estado civil.
Afortunadamente, no se vieron comprometidos documentos adjuntos ni datos biométricos, algo que podría haber resultado muy complicado para los afectados teniendo en cuenta a lo que se dedica la institución.
En abril, ciberataques mil
La ANTS confirmó que había notado una actividad inusual en su red el pasado 13 de abril, así como la autenticidad de los datos revendidos.
Tres días después, la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la fiscalía abrió una investigación, que llevó a sospechar a los agentes que era el menor quien se ocultaba bajo el seudónimo de ‘breach3d’. El 29 de abril se puso en marcha una instrucción judicial.
El pirata informático podría ser acusado por el acceso no autorizado, la extracción de datos y transmisión y la interrupción de un sistema estatal, así como por la posesión de herramientas o software que permiten cometer dichos delitos e incluso por la obstaculización del funcionamiento contra un sistema de tratamiento automatizado de datos de carácter personal gestionado por el Estado.
Según han señalado las autoridades, el ciberdelincuente podría enfrentarse a una pena de hasta siete años de cárcel y a una sanción económica que ascendería a 300.000 euros por sus actividades delictivas.
